Más cláusulas en la ley “anti”-terrorista, más se refuerza el totalitarismo

El siguiente texto, publicado en http://stavrochoros.pblogs.gr, trata de las inminentes modificaciones de la llamada ley anti-terrorista griega. El verano pasado tuvo lugar otro reforzamiento del arsenal represivo del Estado. Aparte de lo obvio, o sea la imposición de la sociedad del terror, el totalitarismo absoluto, se pretende también la consolidación de la alteración del contenido de varios conceptos (terrorismo, amenaza, etc) según los modelos y los intereses de la Soberanía, y la habituación del pensamiento humano a este nuevo uso suyo. Se pretende de una manera mecanicista y fascista, la intimidación de toda la sociedad, la ruptura de todos los lazos de solidaridad entre sus miembros y la imposición de la sociedad del terror. No pasarán; los únicos terroristas son el Estado y el Capital.

Un proyecto de ley con cláusulas que penalizan la expresión pública de opinión, siempre que ella  induzca evidentemente a un gran número de personas a cometer un delito “terrorista”, tiene en sus manos del Ministro de “Justicia” M. Papaioannu. Se trata de la trasposición al Derecho griego del Convenio del Consejo de Europa, así como de la decisión de la UE sobre la prevención del terrorismo.

Tres son los nuevos delitos «terroristas» estandarizados con este proyecto, en el artículo 187A del Código Penal, como nuevas formas de participación en la acción “terrorista”: la inducción pública (incitación) a cometer un delito de terrorismo, el reclutamiento de un grupo terrorista y el adiestramiento de candidatos terroristas en el uso de materias explosivas (vía Internet).

Estos delitos complementan la monstruosidad institucional de la legislación “anti”-terrorista extraordinaria, que se está propagando durante los últimos diez años (especialmente después del 11 de septiembre) por todos los países de la UE. Con la introducción en la legislación griega de tres nuevos delitos de terrorismo, ya no se va a poder garantizar que en estos no se incluyan como punibles, opiniones, ideas y acciones sociales abiertas, de individuos, organizaciones comunitarias y organizaciones políticas, los/las cuales los aparatos de represión clasificarán arbitrariamente como “peligrosos/as” para el orden público y la seguridad del Estado.

Ya el gobierno desde el septiembre pasado eliminó, en secreto, las cláusulas “protectoras” de la ley “anti”-terrorista anterior, ¡las cuales no consideraban terrorismo la acción a favor de la libertad y el ejercicio de los derechos civiles, políticos o sindicales fundamentales!

Sin embargo, mucho antes de esta abolición, las cláusulas de esta legislación “anti”-terrorista ya había sido aplicada a los casos de los jóvenes manifestantes de Larissa en diciembre de 2008. Aunque las acusaciones de participación de estudiantes escolares en una organización terrorista se desmoronaron en el juicio, la cuestión institucional y jurídica creada es enorme.

El comité que redactó la versión final del texto de la nueva (cuarta)”ley antiterrorista”, confirió gran importancia a la formulación de la definición del delito de la incitación pública, puesto que este amenaza directamente el ejercicio de derechos fundamentales consolidados (libertad de expresión e intercambio de ideas).

Según la formulación de la Convención del Consejo de Europa, la disposición de un mensaje a la opinión pública con la intención de incitar a cometer un delito terrorista, ¡es castigada independientemente de si aboga, directa o indirectamente, por la ejecución de estos delitos! El único requisito es la, vagamente formulada, provocación del riesgo de cometer uno o más de tales delitos.

Como han señalado, sin embargo, unos ciertos juristas, esta formulación es tan vaga y general, que abre una ventanilla para procesar como terroristas, ¡incluso a aquellos que expresan opiniones radicales o hacen una crítica feroz a una política del Estado, basta con que flote una amenaza terrorista invisible!

Para evitar estos efectos secundarios, se han agregado a las convenciones europeas algunas reservas, según las cuales las nuevas cláusulas penales “anti”-terroristas no tienen la intención de afectar a los principios establecidos, concernientes a la libertad de expresión y el derecho de reunión. No obstante, tampoco esta formulación fue considerada una protección adecuada.

Ante este dilema jurídico, el comité griego que elaboró ​​el proyecto de ley, concluyó en una diferente aproximación jurídica. Vinculó directamente el delito de la incitación pública a cometer un delito de terrorismo con las consecuencias que es posible que esta incitación pública pueda tener. Por lo tanto, un requisito para que la incitación pública sea punible es que realmente se haya cometido un delito de terrorismo que haya afectado directamente a la vida y la paz sociales.

Así pues, según esta versión de la cláusula controvertida, la incitación pública al terrorismo (cualquiera que sea la forma que ella se realice) es punible siempre que este acto haya dado lugar al cometer unos delitos terroristas concretos por parte de muchas personas (y no sólo por uno). Con esta formulación, los miembros del comité trataron de evitar una criminalización generalizada o bien de la mera expresión de opinión pública o de la mera simpatía por el terrorismo en general, puesto que esto sería contrario al marco constitucional vigente.

Vale la pena señalar que en el Derecho penal griego hay artículos que castigan la agitación pública a cometer delitos (menores y mayores). Sin embargo, estas cláusulas son de carácter general; conciernen a todos los delitos del código penal.

El Consejo de Europa y la Unión Europea, sin embargo, requieren unas regulaciones especiales para estos delitos específicos relacionados con la actividad terrorista. Las mismas exigencias son exigidas por la directiva de la UE que penaliza la difusión del discurso racista-xenófobo, el cual genera odio en la sociedad y conduce a la perpetración de delitos punibles (crímenes racistas).

Un poco más fácil, sin embargo, fue la tarea del Comité, con respecto a la trasposición al orden jurídico interno de las otras dos cláusulas que castigan:

– al que engañe o invite a otra persona a participar en la perpetración de un delito de terrorismo o a unirse a un grupo organizado (reclutamiento).

– al que dé instrucciones y consejos, por internet, acerca del uso de explosivos y de otras sustancias, con el fin de cometer delitos de terrorismo. Sin embargo, en estas cláusulas hay  una cuestión de vaguedad con respecto a la definición del delito y de la conducta ilegal.

Estos tres nuevos delitos de terrorismo introducen unas formas especiales de participación en los delitos básicos, por parte del autor de la acción o del miembro de un grupo y lógicamente tienen que ser castigados con penas menores. No obstante, el Comité tomó nota de una evidente disparidad en las penas por la participación en asuntos de terrorismo, ¡ya que en muchos casos, la mera participación y complicidad son castigadas igual de estrictamente que la autoría!

El texto en griego.

Para leer el texto en portugués, mira los comentarios.

Un comentario para “El convenio europeo para el “terrorismo” se traspone a la legislación griega”

  • Verba Volant:

    El texto en portugues , traducido por la agência de notícias anarquistas-ana. Muchas gracias a los compas.

    O acordo europeu para o “terrorismo” transpõe-se à legislação grega

    Mais cláusulas na lei “anti”-terrorista, mais se reforça o totalitarismo

    [O seguinte texto, publicado em http://stavrochoros.pblogs.gr, trata as iminentes modificações da chamada lei antiterrorista grega. No verão passado houve outro reforço do arsenal repressivo do Estado. Para além do óbvio, ou seja, da imposição da sociedade do terror, o totalitarismo absoluto, também se destina a consolidação da alteração de conteúdo de diversos conceitos (ameaça, terrorismo, etc.) segundo os modelos e os interesses da soberania, e da habituação do pensamento humano a este novo uso. Pretende-se, de uma forma mecanicista e fascista, a intimidação da sociedade, a ruptura de todos os laços de solidariedade entre os seus membros e a imposição da sociedade de terror. Não passarão; os terroristas são o Estado e o Capital.]

    Um projeto de lei, com disposições que criminalizam a expressão pública de opinião sempre que claramente induza a um grande número de pessoas a cometer um crime “terrorista”, está nas mãos do Ministro da “Justiça”, M. Papaioannu. Trata-se da transposição ao direito grego do Acordo do Conselho da Europa, assim como da decisão da UE sobre a prevenção do terrorismo.

    São três os novos crimes “terroristas” padronizados com este projeto, no artigo 187A do Código Penal, como novas formas de participação na ação “terrorista”: a indução pública (incitação) à prática de infrações terroristas, o recrutamento de um grupo terrorista e o treinamento de candidatos terroristas na utilização de materiais explosivos (via internet).

    Estes crimes complementam a monstruosidade institucional da legislação “anti”-terrorista extraordinária, que está se espalhando ao longo dos últimos dez anos (especialmente depois do 11 de setembro) por todos os países da UE. Com a introdução na legislação grega de três novos crimes de terrorismo, já não será possível garantir que nestes não sejam incluídos como puníveis as opiniões, idéias e ações sociais abertas de indivíduos, organizações comunitárias e organizações políticas, os quais os aparelhos de repressão classificaram arbitrariamente como “perigosos/as” para a ordem pública e segurança do Estado.

    Já o governo desde setembro passado eliminou, em segredo, as cláusulas “protetoras” da lei “anti”-terrorista anterior, as quais não consideravam terrorismo a ação em favor da liberdade e o exercício dos direitos civis, políticos ou sindicais fundamentais!

    No entanto, muito antes de sua abolição, as disposições desta legislação “anti”-terrorista já havia sido aplicada aos casos dos jovens manifestantes de Larissa, em dezembro de 2008. Ainda que as acusações de envolvimento de estudantes em uma organização terrorista tenham sido derrubadas em juízo, a questão institucional e jurídica criada é enorme.

    O comitê que redigiu a versão final da nova (quarta) “lei antiterrorista” atribuiu grande importância à formulação da definição do crime de incitação pública, pois esta ameaça diretamente o exercício dos direitos fundamentais consolidados (liberdade de expressão e troca de idéias).

    De acordo com a formulação da Convenção do Conselho da Europa, a disposição de uma mensagem à opinião pública, com a intenção de incitar à prática de um crime terrorista, é punível independentemente de defender, direta ou indiretamente, a execução desses crimes! O único requisito é a, vagamente formulada, provocação do risco de cometer um ou mais de tais crimes.

    Como observaram, no entanto, certos juristas, esta formulação é tão vaga e geral que abre uma janela para processar como terroristas mesmo aqueles que expressam opiniões extremas ou fazem uma crítica feroz a uma política do Estado, basta flutuar uma ameaça terrorista invisível!

    Para evitar estes efeitos secundários, foram adicionadas às convenções européias algumas reservas, segundo as quais os novos termos penais “anti”-terrorista não se destinam a afetar os princípios estabelecidos, concernentes à liberdade de expressão e ao direito de reunião. No entanto, tampouco esta formulação foi considerada uma proteção adequada.

    Ante este dilema jurídico, o comitê grego que elaborou o projeto de lei concluiu em uma diferente abordagem jurídica – vinculou diretamente o crime de incitação pública à prática de um crime de terrorismo, com as conseqüências possíveis que a incitação pública possa ter. Portanto, um requisito para que a incitação pública seja punível é que realmente seja cometido um crime de terrorismo que afete diretamente a vida e a paz social.

    Assim, segundo esta versão da controvertida cláusula, a incitação pública ao terrorismo (em qualquer forma que seja realizada) é punível sempre que este ato tenha levado a cometer crimes terroristas concretos por parte de muitas pessoas (e não apenas por uma). Com esta formulação, os membros da comissão trataram de evitar uma criminalização generalizada ou a bem da mera expressão da opinião pública ou da mera simpatia pelo terrorismo em geral, já que isso violaria o quadro constitucional vigente.

    Interessante notar que no direito penal grego há artigos que coíbem a agitação pública para cometer crimes (menores e maiores). No entanto, estes termos são em caráter geral, referem-se todas as infrações do código penal.

    O Conselho da Europa e da União Européia, no entanto, requerem alguns regulamentos especiais para estes crimes específicos relacionados com a atividade terrorista. Os mesmos requisitos são exigidos pela diretiva da UE, que penaliza a divulgação do discurso de caráter racista-xenófobo, o qual gera ódio na sociedade e leva à perpetração de delitos puníveis (crimes racistas).

    Um pouco mais fácil, no entanto, foi a tarefa do Comitê, no que diz respeito à transposição à ordem jurídica interna das outras duas cláusulas que punem:

    – que engane ou convide outra pessoa a participar na perpetração de um crime de terrorismo ou a unir-se a um grupo organizado (recrutamento).

    – que dê instruções e conselhos, pela internet, sobre a utilização de explosivos e outras substâncias, com a finalidade de cometer crimes terroristas. No entanto, nestas cláusulas há uma questão de imprecisão na definição do crime e da conduta ilegal.

    Estes três novos crimes de terrorismo introduzem formas especiais de participação nos crimes comuns, pelo autor da ação ou membro de um grupo e, claro, têm que ser punidos com penas menores. No entanto, o Comitê constatou uma disparidade evidente nas penas por envolvimento em casos de terrorismo, já que em muitos casos, a mera participação e cumplicidade são puníveis tão rigorosamente como a autoria!

    agência de notícias anarquistas-ana

    Nuvem de verão –

    Indiferente à chuva

    um raio de sol

    Teresa Cristina

Deja un comentario

*

Archivo