Hace unos días el gobierno bipartidista neoliberal aprobó una ley sobre la Atención Médica Primaria. Como vamos a explicar a continuación con esta ley se disuelve el sistema sanitario público, se reducen drásticamente las prestaciones médicas gratuitas y se conduce a la eliminación del Organismo Nacional de Prestaciones de Servicios Sanitarios y a su conversión en una empresa que gestionará los fondos procedentes de las cotizaciones a la seguridad social de los trabajadores.

Según los mass media griegos y extranjeros, el gobierno pretende crear un nuevo “Sistema de Atención Médica Primaria”. Esto es algo más que falso. Ningún sistema semejante se va a crear. Para el gobierno y la Troika la sanidad es un negocio, no un bien social. Lo que contiene dicha ley es una agrupación de 25 decisiones ministeriales, decretos ministeriales y decisiones ministeriales conjuntas, y un decreto presidencial, que dan el golpe de gracia a la asistencia sanitaria como se conocía hasta hoy.

Con una decisión ministerial conjunta se determinarán los temas concernientes a la fundación y el funcionamiento de los llamados centros de salud, con otra decisión ministerial se determinará su correlación con los hospitales, con otra decisión ministerial su reglamento interno, con otra decisión ministerial su horario de funcionamiento y los tiempos de guardia. Con una decisión ministerial se determinará el número de los médicos de cabecera, y con otra el ratio de pacientes por médico.

Con una decisión ministerial conjunta se determinarán las relaciones jurídicas entre los médicos y las Direcciones Regionales de Salud, con otra las contrataciones de los médicos, con otra decisión ministerial la composición de las comisiones (consejos) que realizarán estas contrataciones, con otra el funcionamiento de las unidades médicas móviles, y con otra decisión ministerial la disposición y ubicación de los centros de salud.

Según lo citado en la ley aprobada, con decisiones ministeriales que serán votadas en un tiempo indeterminado (en el futuro…) se creará un programa sanitario nacional para los niños recién nacidos, se crearán consultorios especializados en la deshabituación tabáquica, centros de turismo terapéutico y quién sabe que más fanfarronería se les va a ocurrir a los dignatarios del gobierno y a sus patrones… La materialización de todos estos proyectos teóricos y dudosos es dejada en manos del ministro de Sanidad y del ministro de Finanzas. Con sus decisiones ministeriales se determinará todo lo que tiene que ver con la Atención Médica Primaria, incluso los fondos que se vayan a disponer para cualquier finalidad.

La planificación del Capital trasnacional y de sus títeres locales es convertir el Organismo Nacional de Prestación de Servicios Sanitarios en un cliente de las empresas privadas. Lo que quieren hacer es que no produzca él mismo los servicios sanitarios ofrecidos a los asegurados, sino que se los compre principalmente al sector privado. A los pacientes-beneficiarios de estas prestaciones se les ofrecerán gratis unos servicios sanitarios mínimos y de baja calidad, y para tener acceso al resto de ellos (análisis, medicamentos importantes, hospitalización e.tc.) tendrán que pagar aparte de lo que ya han pagado, o sea aparte de sus contribuciones mensuales como esclavos asalariados. De los desempleados y los inmigrantes ni hablar: ellos quedarán excluidos de cualquier servicio sanitario.

Según la ley que ha sido aprobada por los diputados del gobierno, toda la infraestructura del Organismo Nacional de Prestación de Servicios Sanitarios se traspasa a las Direcciones Regionales de Salud. Éstas últimas van a usar por ejemplo los policonsultorios como centros de salud del nuevo “Sistema de Atención Médica Primaria”. Los servicios sanitarios se van a reducir y empeorar, y por supuesto van a ser más caros. En los centros de salud del llamado “Sistema de Atención Médica Primaria” va a trabajar menos de la mitad de los médicos que actualmente trabajan en los policonsultorios del Organismo Nacional de Prestación de Servicios Sanitarios. La nueva ley prevé que las plazas que quedarán vacantes serán eliminadas.

En el informe especial que acompaña a la ley se concreta que si todos los médicos que en la actualidad se emplean en el Organismo Nacional de Prestación de Servicios Sanitarios (unos 5.000) se incorporan al llamado “Sistema de Atención Médica Primaria” el presupuesto tendrá un “déficit” de unos 63 millones de euros. Para producirse un “excedente”, se tendrán que emplear menos de 3.300 médicos. Los términos “déficit” y “excedente” se han puesto entre comillas no sólo porque la sanidad es un bien social y no una mercancía, sino porque aun cuando estos términos sean aceptados es muy relativo qué es déficit y qué es excedente, según quién y cómo hace los cálculos.

Más del 80% de los médicos que actualmente están empleados en el Organismo Nacional de Prestación de Servicios Sanitarios tienen su propio consultorio. Es cierto que varios de ellos incitan a los pacientes a los que atienden por la mañana en los centros de salud y consultorios de este organismo estatal, a visitarlos en sus consultorios de horario vespertino, con el fin de cobrarles por la consulta. Con la nueva ley estos médicos tendrán que elegir entre cerrar su consultorio y presentar una solicitud para ser contratados en el nuevo “Sistema de Atención Médica Primaria” a tiempo completo, o dimitir y seguir trabajando en su propio negocio. El gobierno estima que más de la mitad de los médicos optará por la segunda opción.

Con respecto a los que optarán por cerrar su negocio, la cosa no es tan simple como la presenta el ministro de Sanidad y sus portavoces en los medios de desinformación. Tendrán que presentar una solicitud para ser contratados por la Institución de Hospitales Públicos (ESY). A continuación serán evaluados por esta institución. El tiempo de espera para dicha evaluación puede llegar a los seis meses. Tampoco es seguro que sean contratados. Si la evaluación es positiva, se les asignará un puesto de trabajo en cualquier pueblo o ciudad del territorio del Estado griego, cerca o lejos de su lugar de residencia permanente. Los que sean contratados van a comenzar desde cero, ya que no se les van a contar los años que han estado trabajando, lo que supone una reducción salarial significante.

A estos médicos que se verán obligados a abandonar su puesto de trabajo en el Organismo Nacional de Prestación de Servicios Sanitarios hay que sumarse los que tienen un contrato de trabajo de duración indefinida. Estos serán literalmente echados a la calle, pues la ley recién aprobada no prevé ninguna indemnización su caso.

Como se ha mencionado, con la disminución o disolución del Organismo Nacional de Prestación de Servicios Sanitarios subirán los costes de los servicios sanitarios. En la actualidad el Estado tiene unos precios fijos para sus proveedores del sector privado. Más bien, estos precios son establecidos por el Estado por ley. La nueva ley no prevé que estos costes sean fijos. Serán determinados con decisiones ministeriales. Así pues, cada vez que una multinacional o una clínica privada quieran hacer un aumento en los precios de sus productos o servicios, no habrá que aprobarse este aumento con una ley el Parlamento. Con una decisión ministerial la cosa se acaba rápido. Esto es flexibilidad…

Dado que el Organismo Nacional de Prestación de Servicios Sanitarios está endeudado, y el gobierno neoliberal trata la sanidad como una mercancía o más bien como un negocio lucrativo, no va a financiarlo más y el pato lo pagará el pueblo. La mayoría de las policlínicas públicas va a cerrar. Esto de hecho abre la puerta a la contratación de servicios privados (y eso que el Estado tiene una enorme deuda al sistema sanitario privado) y a la degradación de los hospitales públicos.

¿Pero por qué el Organismo Nacional de Prestación de Servicios Sanitarios está endeudado? Hasta 2002-2003 el presupuesto del Ministerio de Sanidad estaba casi equilibrado. Desde 2004 el Estado dejó de financiar de su presupuesto el sector de la Sanidad, haciendo caso de una ley votada en 2004 por un gobierno derechista que preveía lo contrario… Los recortes más importantes se realizaron en 2012, cuando la Troika con el segundo memorándum exigió que el gasto farmacéutico llegara al 1,33% del PNB, o sea a los 2,7 mil millones de euros. El gobierno, sin embargo, redujo aún más este gasto, el cual a duras penas llegó a los 2,25 mil millones de euros, al mismo tiempo que los gastos de hospitalización se reducían un 44%…

Parece que el ahorro de gastos se centró en el sector público. El año anterior a estos recortes drásticos (2011) el Organismo Nacional de Prestación de Servicios Sanitarios pagó a las clínicas y hospitales privados unos 240 mil millones de euros por gastos de hospitalización, y en 2012 por los mismos gastos pagó unos 585 mil millones de euros, ¡aumentando las ganancias de los propietarios de estos hospitales privados un 244%!

En el presupuesto del 2014  para la Sanidad no se prevén fondos para la atención sanitaria de aquellas personas que no tienen seguridad social por estar en paro por más de un año (el 70% de los desempleados, según los datos oficiales, los cuales como hemos detallado en otra entrada nuestra no siempre dicen toda la verdad). Asimismo, el presupuesto general para el sistema sanitario se ha reducido aún más (más que nunca), llegando a los 700 millones de euros. Esta reducción de ingresos supondrá de hecho menos contrataciones de personal en hospitales, centros de salud y ambulatorios. De hecho, 8.500 trabajadores del sector sanitario han sido dejados en “suspensión laboral” para ser evaluados y recontratados por la nueva entidad sanitaria (el llamado “Sistema de Atención Médica Primaria”) bajo otras condiciones contractuales y obviamente con menor sueldo.

Al mismo tiempo que el Régimen procede a la eliminación o disolución del sistema sanitario público, el sindicalismo oficialista no sólo no reaccionó nada sino que ha apoyado directa e indirectamente a todos los gobierno de turno que han llevado a cabo la tarea de la disolución del sistema sanitario público y de la privatización de la Sanidad. La denominada Confederación General de Trabajadores Griegos (GSEE), el mayor sindicato oficialista de los trabajadores del sector privado, se mostró conforme con casi todo lo susodicho, limitándose a unas “quejas” por no haber sido consultado por el gobierno en la fase de las “deliberaciones”.

Acerca de las “movilizaciones” de los médicos podéis leer información aquí y aquí, y unas reflexiones sobre ellas aquí.

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